Agencia Ocote

En Guatemala, millones de personas viven rodeadas de agua, pero sin acceso a ella. Mientras las comunidades rurales beben agua contaminada y esperan la lluvia para llenar recipientes, el país sigue sin aprobar una ley que regule el uso y protección de sus ríos y fuentes hídricas. Hablar de agua en el país también es hablar de desigualdad, política y poder.

Guatemala tiene una deuda con la ciudadanía: una ley de aguas. En agosto de 2024 el gobierno de Bernardo Arévalo inició un proceso para crear una iniciativa que promete presentar al Congreso en esta legislatura.

En esta conversación, guiada por Kristhal Figueroa, periodista de Agencia Cote, Mirna Ramírez del pacto por el agua, la diputada Sonia Gutiérrez y Belinda Cha, de la Red de jóvenes por el agua conversan sobre esta propuesta de ley.

Las expertas desgranan la iniciativa, analizan lo que funcionó y lo que no del proceso del gobierno, lo que tendría que pasar en el Congreso y responden a una pregunta: ¿quién gana y quién pierde con la ley de aguas?

En una conversación dirigida por Gabriel Álvarez; Alex Castillo, Félix Éndara y Pau González Sánchez comparten su historia y ponen al centro la importancia de la memoria histórica de las personas trans masculinas en latinoamérica a través del Archivo de la memoria histórica trans masculina».

El Archivo de la memoria histórica trans masculina de Latinoamérica es una especie de cápsula del tiempo. Un álbum de voces que recopila la historia de 16 hombres trans en América Latina y qué muestra cómo su identidad se ha ido tejiendo a lo largo del continente. 

En Ocotepeque, Honduras, Reina sostiene una guardería que se ha vuelto el segundo hogar de muchos niños y niñas. Del otro lado de la frontera con Guatemala, en San José La Arada, Chiquimula, Maritza, Luisiria y Reina levantaron un comedor comunitario que también se transformó en un espacio para cuidar y acompañar a las viudas del pueblo. Son historias que muestran cómo, en lugares donde el Estado no llega, el trabajo de cuidados recae en mujeres y que, aunque invisible muchas veces, es indispensable para la vida comunitaria.

El 12 de agosto de 2025 se dictó la primera sentencia del Caso Hogar Seguro, pero el fallo no significó un cierre. La jueza ordenó nueve nuevas investigaciones que exponen negligencias, abusos y vacíos en el sistema de protección estatal. El fallo reconoció lo que las niñas habían denunciado: que tenían razón. La sentencia deja al descubierto un sistema incapaz de garantizar derechos básicos a niñas y niños y abre un nuevo capítulo en la memoria y la búsqueda de justicia.

Entre mayo y julio de 2025, decenas de periodistas de El Salvador han salido al exilio. Aunque el discurso oficial lo niegue, las detenciones, la vigilancia y las leyes restrictivas los han forzado a abandonar el país por seguridad. Periodistas y expertos advierten sobre un patrón autoritario que amenaza el periodismo en toda la región.

El 15 de mayo de 1984, Carlos Ernesto Cuevas fue secuestrado frente al Conservatorio Nacional de Música, en la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Era dirigente estudiantil, militante del Partido Guatemalteco del Trabajo y parte de una familia comprometida con la defensa de los derechos humanos. Su desaparición marcó el inicio de una intensa búsqueda liderada por su familia y su esposa, María del Rosario Godoy de Cuevas, fundadora del Grupo de Apoyo Mutuo. Diez meses después, ella también fue asesinada.

En 1980 el Ejército instaló un destacamento militar dentro de la parroquia del Espíritu Santo en Zacualpa, Quiché. Durante seis años el convento fue convertido en centro de detención, tortura y ejecución. Uno de los casos más recordados es el de Juan Barrera, un niño asesinado por su participación activa dentro de la iglesia. Hoy, el lugar se convirtió en un museo de la memoria con capillas que recuerdan a las víctimas.

En los terrenos donde hoy funciona CREOMPAZ, en Cobán, Alta Verapaz, operó durante más de dos décadas la zona militar 21. Allí, entre los años más cruentos del Conflicto Armado Interno, fueron detenidas, torturadas y desaparecidas cientos de personas. Entre 2012 y 2015, la FAFG exhumó más de 500 osamentas, convirtiéndolo en el cementerio clandestino más grande hallado en América Latina. Aunque el caso judicial sigue estancado, este sitio permanece como evidencia de una de las peores atrocidades cometidas por el Estado.